CORTE SUPERIOR DE PUNO EMITE SENTENCIA, RESTABLECIENDO Y REINTEGRANDO EL PAGO DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO EN BASE A LA REMUNERACIÓN TOTAL POR UN FALLECIMIENTO OCURRIDO EN FECHA 2004, DONDE ÚNICAMENTE LA ADMINISTRACIÓN OTORGO EL MONTO DE S/ 216.80 NUEVOS SOLES.

Expediente N°      : 2011-01455-0-2101-JM-CA-01.

Demandante         : Isaac Vilcanqui Huarahuara.

Demandado          : Dirección Regional de Educación de Puno y otros.   

Materia                   : Nulidad de resolución administrativa.

Procede                 : Primer Juzgado Mixto de Puno.

Ponente                 : JS. Ricardo Pablo Salinas Málaga.

Resolución N°     : 017-2013

Puno, veintiocho de mayo

del año dos mil trece.-

VISTOS

La sentencia impugnada contenida en la resolución número once de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil doce, que corre de fojas ciento veinte a fojas ciento treinta y seis, el recurso de apelación interpuesto de fojas ciento cuarenta a fojas ciento cuarenta y cuatro (y escrito de subsanación del mismo de fojas ciento cuarenta y nueve), con los demás actuados que obran en autos.

RESOLUCIÓN APELADA

Es materia de apelación la sentencia impugnada de fojas ciento veinte a fojas ciento treinta y seis, su fecha veinticuatro de agosto del año dos mil doce, mediante la cual el señor Juez del Juzgado de origen resuelve declarar infundada en todos sus extremos la demanda de fojas veinticinco a fojas treinta y cinco, interpuesta por Isaac Vilcanqui Huarahuara, en contra de la Dirección Regional de Educación de Puno y el Procurador Público del Gobierno Regional de Puno, sobre proceso contencioso administrativo para el pago de los subsidios por luto y gastos de sepelio en base a la remuneración total y otros, con lo demás que contiene.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Que, la parte demandante interpuso recurso de apelación (de fojas ciento cuarenta a fojas ciento cuarenta y cuatro -y escrito de subsanación del mismo de fojas ciento cuarenta y nueve-), en contra de la sentencia contenida en la resolución número once de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil doce, mediante la cual el señor Juez del Juzgado de origen resuelve declarar infundada en todos sus extremos la demanda de fojas veinticinco a fojas treinta y cinco, interpuesta por Isaac Vilcanqui Huarahuara, en contra de la Dirección Regional de Educación de Puno y el Procurador Público del Gobierno Regional de Puno, sobre proceso contencioso administrativo para el pago de los subsidios por luto y gastos de sepelio en base a la remuneración total y otros, solicitando que, conforme a los fundamentos que se exponen en dicho escrito de apelación (los cuales no reproducimos a fin de no dilatar innecesariamente la presente, en tanto han sido tenidos a la vista), el Superior en grado revoque la apelada y, reformándola, declare fundada la demanda.

JUEZ PONENTE

Interviene en calidad de Juez Superior ponente, Ricardo Pablo Salinas Málaga.

I, CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que, conforme lo dispone el artículo 364 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. Asimismo, el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, sólo en los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 382° del mismo Código Procesal. Así pues, el recurso de apelación es el medio impugnatorio de alzada, vertical, por el cual se pretende la revisión[1] por el Superior (A quem) de la decisión emitida por el Juez de primera instancia (A quo), ha efecto de emitir pronunciamiento sólo en el extremo apelado sin afectar la situación del apelante único (reformatio in peius) o, de ser el caso, advertir de oficio vicios que afecten gravemente los actos procesales realizados (potestad nulificante conferida al mismo); asimismo, dicho medio impugnatorio, garantiza el derecho constitucional de pluralidad de instancias (contenido dentro del megaprincipio y megaderecho denominado debido proceso, conquista de la teoría -moderna o contemporánea- general del proceso).

SEGUNDO.- Que, el proceso contencioso administrativo, a que se refiere el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados; pudiendo ser impugnadas, entre otros, los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. En el proceso contencioso administrativo, conforme dispone el artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, se pueden plantear pretensiones con el objeto de obtener, entre otros, se declare la nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos, el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines y ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme, previstos en los incisos 1, 2 y 4 de dicho dispositivo legal.

TERCERO.- Conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado “El profesor tiene derecho a un subsidio por luto al fallecer su cónyuge, equivalente a dos remuneraciones o pensiones, y subsidio equivalente a una remuneración o pensión por fallecimiento del padre y madre. (…)”; asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 219 del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) el subsidio por luto se otorga al profesorado activo o pensionista, por el fallecimiento de su cónyuge, hijos y padres, dicho subsidio será de dos remuneraciones o pensiones totales que le corresponda al mes del fallecimiento. 

CUARTO.- Por otra parte, conforme a la Primera Disposición Final de la Ley N° 28301 (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad. 

QUINTO.- En función a ello, debe acatarse lo señalado reiteradamente por el Tribunal Constitucional[2], en el sentido que los beneficios establecidos por el artículo 51 de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado y el artículo 219 del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), debe pagarse sobre la base de la remuneración íntegra o total.

SEXTO.- Fluye de lo actuado que mediante Resolución Directoral N° 0856-UGEL-CH-J, del 30 de septiembre del 2004 (de fojas 06 de autos) se ha resuelto otorgar a favor de don Isaac Vilcanqui Huarahuara la suma de S/. 216.80 nuevos soles por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio de su señor padre don Feliciano Vilcanqui Paye, calculados en base a la remuneración total permanente, decisión contenida en dicho acto administrativo que, a la postre, fue también confirmada por la Resolución Directoral N° 2045-2011-DREP, del 11 de octubre de 2011 (de fojas 08 de autos), en aplicación del artículo 9 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, lo que es ilícito porque el cálculo debe hacerse en función a la remuneración total, situación que determina la nulidad de la Resolución Directoral N° 2045-2011-DREP, del 11 de octubre de 2011 (de fojas 08 de autos), de acuerdo a lo señalado en el inciso 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444.   

OCTAVO.- Conforme a la norma contenida en el inciso 2 del artículo 41 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en la sentencia estimatoria del proceso contencioso administrativo puede adoptarse cuanta medida sea necesaria para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, sin que ello implique vulneración al principio de congruencia procesal.

NOVENO.- Por ello, dado que debe otorgarse a la demandante el pago de subsidio por fallecimiento y subsidio por gastos de sepelio de familiar directo, calculando sobre la base de la remuneración total, la Dirección de Educación de Puno (responsable del cumplimiento de acuerdo a lo señalado en el artículo 46.2 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS) deberá cumplir con efectivizar el pago en el plazo de diez días de quedar firme esta sentencia, emitiendo nueva resolución a través de la cual se absuelva el recurso de apelación interpuesto por don Isaac Vilcanqui Huarahuara en contra de la Resolución Directoral N° 0754-UGEL-CH-J-2011, del 05 de mayo de 2011, otorgando el beneficio materia de autos sobre la base de la remuneración total, de acuerdo a lo señalado en esta sentencia, deduciéndose los montos pagados por tal concepto, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento, y  de ejecutarse tal cometido en ejecución de sentencia.         

DÉCIMO.- Finalmente, el pago dinerario materia de autos deberá hacerse observándose las normas que regulan el pago de sumas de dinero a cargo del Estado.

DÉCIMO PRIMERO.- A partir de los criterios antes detallados. así como en pronunciamiento anteriores, cabe recordar al A quo, que este colegiado reconfiguró su posición respecto al pago de la bonificación materia de autos, variando el criterio vertido en anteriores resoluciones.    

Por tales consideraciones:

1) REVOCARON la sentencia impugnada contenida en la resolución número once de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil doce, que corre de fojas ciento veinte a fojas ciento treinta y seis, mediante la cual el señor Juez del Juzgado de origen resuelve declarar infundada en todos sus extremos la demanda de fojas veinticinco a fojas treinta y cinco, interpuesta por Isaac Vilcanqui Huarahuara, en contra de la Dirección Regional de Educación de Puno y el Procurador Público del Gobierno Regional de Puno, sobre proceso contencioso administrativo para el pago de los subsidios por luto y gastos de sepelio en base a la remuneración total y otros; y, REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la pretensión principal y pretensiones accesorias contenidas en la demanda referida, en consecuencia, declararon nula la Resolución Directoral Nº 2045-2011-DREP del 11 de octubre de 2011;

2) ORDENARON que la entidad demandada, Dirección Regional de Educación de Puno, emita nuevo acto administrativo absolviendo el recurso de apelación interpuesto por el ahora actor en contra de la Resolución Directoral Nº 0754-UGEL-CH-J-2011 del 05 de mayo de 2011, en que reconozca y disponga el pago por luto y gastos de sepelio de familiar directo a favor del demandante, calculado sobre la base de la remuneración total o íntegra, conforme señala el artículo 51 de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, deduciendo los montos que se hubiere pagado por dichos conceptos más los respectivos intereses;

3) PRECISARON en la presente resolución, disponiendo que el responsable del cumplimiento del mandato judicial contenido en esta resolución es el director de la Dirección Regional de Educación de Puno en ejercicio, mandato que deberá ser cumplido en el plazo de diez días de quedar firme esta resolución, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resuelven de dicho incumplimiento, y sin perjuicio de ejecutarse tal cometido en ejecución de sentencia; y,

4) El pago materia de autos deberá hacerse observándose las normas que regulan el pago de sumas de dinero a cargo del Estado. y, los devolvieron. Se emite la presente resolución de conformidad al artículo 149 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto del señor Juez Superior Edwin Sarmiento Apaza quien ha sido designado como Presidente del Jurado Electoral Especial de la Región Puno a partir del 01 de abril del presente año, debiendo formar parte de ésta resolución el voto suscrito por el referido magistrado. Ordenaron a la Secretaria de la Sala efectúe la extracción de copia del voto respectivo y la certificación correspondiente. T.R. y H.S.

S.S.

SALINAS MÁLAGA

LINARES CARREÓN

SARMIENTO APAZA

[1] En doctrina se dice que: “Por la apelación se entiende el recurso ante el superior para que revise la providencia del inferior y corrija sus errores;...”. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso, Aplicable a toda clase de procesos. Editorial Universidad, Buenos Aires – 1997, p. 509.

[2] STC Expediente N° 433-2004-AA/TC del 25 de marzo de 2004, caso Fely Judith Rodríguez de Alarcón; Expediente N° 1943-2004-AA/TC del 30 de setiembre de 2004, caso Irene Edit Reinoso Stucchi, en otras. 

ROBERT ALEXY - NATURALEZA DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

NATURALEZA DE LA FILOSOFIA DEL DERECHO – Robert Alexy

Debemos tener en claro que, para definir la naturaleza de la filosofía del derecho, tenemos que llegar a entender primeramente la naturaleza de la filosofía propiamente dicha, para lo cual, existen diversas teoría, escuelas, y métodos para definir la naturaleza de la filosofía, pero sin embargo, las cuales no tienen en común un significado uniforme, y para lo cual es necesario encontrar una definición exacta y esencial de la naturaleza de la filosofía y posteriormente llevarnos a entender la naturaleza de la filosofía del derecho, por lo que, previamente tendríamos que empezar, ir expectorando las muchas y las diversas teorías existentes relacionados a la definición de la naturaleza de la filosofía o encontrar entre las muchas y variadas teorías un hilo común que nos pueda llevar a definir claramente lo que es la naturaleza de la filosofía, por lo cual tendríamos que decir claramente que la filosofía que enmarca básicamente en el razonamiento como elemento esencial, es decir que el objeto de la filosofía vendría a ser la practica del ser humano de las cosas por uno mismo y por los demás y sobre esta base efectuar la acción humano sobre un razonamiento.

PRACTICA HUMANA DE CONCEBIR EL MUNDO Y ACCIÓN HUMANA SOBRE UN RAZONAMIENTO: (NO HAY ACUERDO EN ESTE ASPECTO)

Se dice que, ambos aspecto van íntimamente relacionado con la pregunta de cómo se puede justificar nuestra creencia sobre lo que existe y sobre los que es bueno, es en tal sentido que, es sobre este aspecto que gira la definición de la naturaleza de la filosofía, es decir que a este proceso se le denomina reflexión en base al razonamiento de la práctica humana y la acción humana basado en el razonamiento.

Más, concretamente se dice que para la definición de la naturaleza de la filosofía, se tendría que seguir una serie etapas, que conlleven a una definición aproximadamente exacta, pero sin embargo, este proceso no es tan exacto ya que, bastaría con definir únicamente en utilizar una pregunta de lo que es la naturaleza de la filosofía, mas no llevar al proceso tan extenso.

En este aspecto lo que se tendría que establecer para encontrar una definición de la naturaleza de la filosofía es que, se podría utilizar a fin llegar a definir la naturaleza de la filosofía, seria única y básicamente el razonamiento de que las cosas son buenas o malas, y el cual nos conllevaría solo a una reflexión y razonamiento de los problemas o cosas por definir, en este entender, solo esta aspecto seria elemental para buen entender como concepto para la real definición de la filosofía.

Es sobre esta base que, se podría ir fijando, en lo futuro conceptos básicos y elementales de la filosofía contemporánea y sobre las mismas que podría también ir construyéndose una definición de la naturaleza de la filosofía del derecho, ya que estas definiciones no podrían quedar fijas a los largo del tiempo, ya que nada es  permanente y todo es constante sobre el tiempo que sucede.

De la Filosofía del Derecho; si lo correcto y lo incorrecto, es definido mediante una reflexión normativa, y sobre esas bases que erigen la filosofía del derecho y de ahí encontrar la definición de la naturaleza de la filosofía del derecho, la reflexión normativa se refiere a un “deber de ser”, es decir de las personas, acción, sanción e institución, es por lo que, de la misma manera se debe tener en consideración que, el mismo sentido de la definición de la naturaleza de la filosofía, se debe tener en esta clases de filosofía del derecho.

El autor manifiesta que la filosofía del derecho, en sus diferentes conceptos como normativa, analítica y holística conforma la definición única de la filosofía del derecho, pero sin embargo este aspecto al parecer básicamente, expresan las mismas definiciones, pero lo manifestado como conceptos deberían ser única, sobre el concepto de que la filosofía del derecho, debería se única y no tener diferentes aspectos, sino que únicamente debería de ser considerado como la normativa.   

COMPRENSION Y ARGUMENTOS; (ASPECTO QUE SI ME ENCUENTRO DE ACUERDO) la naturaleza de la filosofía del derecho, como bien se dice se basa únicamente en el objeto del derecho, mas no se hace referencia como lo había manifestado precedentemente en los tres aspecto para definir la naturaleza de la filosofía, decir acerca de los que existe, de los que debe hacerse o es bueno, o de lo que puede conocerse, sino únicamente en el contenido del derecho, es donde debe basarse la naturaleza de la filosofía del derecho.

Es mediante este único concepto podríamos explicar el derecho, entonces para definir el concepto de la naturaleza de la filosofía del derecho, también basta con el mismo concepto mediante un razonamiento del derecho, y para lo cual no se podría decir que hay otro procedimiento que podría explicar el razonamiento de la filosofía de derecho.

PROBLEMAS DE LA NATURALEZA DE LA FILOSOFIA; (ASPECTO SOBRE LOS QUE NO SE ESTA DE ACUERDO)

El autor manifiesta que la naturaleza del derecho gira entorno a tres problemas, los mismos que es: la primera en que clases de entidades consiste el derecho, o de cómo están conectadas estas entidades, el segundo, su dimensión real o fáctica y el tercero, es la corrección y legitimidad del derecho, sobre este tres problemas manifiesta la definición de la naturaleza de la filosofía del derecho.

Esta, tripartición a mi parecer debería de ser única, se debería dar sobre la base de lo que es la naturaleza de la filosofía del derecho, y por lo que, este llevaría y conduciría a obtener un panorama más adecuado y coherente de la naturaleza de la filosofía del derecho.

Con el aspecto de tener un único aspecto con lo que, se podría definir basicamente la naturaleza de la filosofia del derecho, como ya no había manifestado es que, se debería primeramente definir clara y uniformemente la naturaleza de la filosofía, y en base a este posteriormente definir concretamente la filosofía del derecho y de esta manera llegar a la naturaleza de la filosofia del derecho, en este entender claro se encontraría aspecto ya no mas ambiguos sobre estos temas como es la filosofia y las filosofía del derecho que van íntimamente ligados, ya que la última depende de la primera para su concretización.  

Se sabes que los problemas de la filosofia del derecho, es resultado básicamente los problemas de la filosofía en general, ya que como se había manifestado por el autor la primera depende tanto de la última, para lo cual, no es necesario de  tener tesis para explicar basicamente la naturaleza de la filosofia del derecho, sabiendo que llegando a definir la filosofia misma en general, se puede llegar a conceptualizar la filosofia del derecho, con su aspecto normativo, esto en relación al derecho.

Es lo correcto al manifestar que, no es necesario conocer todo para saber lo suficiente, en tal sentido, es correcto que, debe ser necesario que la filosofía en general, nos conlleva a definir lo importante de la naturaleza de la filosofía del derecho.

Como ya, lo había manifestado el autor habla de cuatro tesis respecto a la corroboración de un modelo es, decir de los que es la naturaleza de la filosofía del derecho, la tesis de la naturaleza general, tesis del carácter especifico, tesis de la relación especial, y la tesis de lo compresivo, aclarar que el modelo que se utiliza para definir la filosofía del derecho, solamente deber ser  basado en una sola tesis, como bien lo trata de concluir en autor indicando en la tesis de la comprensión, comprensión que debería de ser para llegar a encontrar un modelo como una base o fundamento de la naturaleza de filosofia del derecho y no tener por demás  tesis que pretendan dar un sentido diferente primeramente a la filosofía en general como ya se había manifestado, y de igual manera se tendría que tener solamente un modelo que se pueda utilizar una a fin de encontrar un correcta definición de la naturaleza de la filosofía del derecho para lo se piensa que lo correcto seria el de la tesis de la comprensión, que no conllevaría a determinar un razonamiento de la norma en sus aspecto del derecho básicamente.

Refiere que la reflexión  sobre la naturaleza del Derecho no puede tener existo si se separa de la Filosofía general.  Ya que la Filosofía del Derecho no puede operar sin argumentos que son genuinamente de carácter filosófico.

Al autor manifiesta que las propiedades necesarias para el Derecho son la coerción o fuerza y la corrección y rectitud.  Siendo la coerción esencial para la eficacia social del Derecho y la corrección expresa su dimensión real o critica. Refiere que la coerción es necesaria si el Derecho esta llamado a ser una practica social que cumpla sus funciones formales básicas, con valores de certeza y eficacia jurídica, esta necesidad practica obedece a la necesidad natural  que es empleada para referir hechos sociales, y esta inspirado en el principio hermenéutico de que todas las practicas humanas deben concebirse como un intento de cumplir sus funciones de la mejor manera posible. Es decir la coerción pertenece en cuanto a propiedad necesaria a la naturaleza del Derecho.

Respeto a la moral el autor refiere que la inclusión de la moral en el derecho origina serios problemas, una de las principales razones para que el derecho   tenga una estructura autoritativa e institucionalizada es la incertidumbre general del razonamiento moral. Los debates morales tienden a ser interminables, sin alcanzar un consenso y por razones de necesidad práctica se toma la decisión autoritativa. Siendo este un argumento para considerar que el razonamiento moral no pertenece al derecho.

la naturaleza del derecho son aquellos principios  generales o fundamentales los cuales deben tener un índole sistemático. Aquella se puede desprender desde la concepción de la filosofía, es decir, de ésta última es de donde se deriva la primera.

La filosofía del derecho para nuestro autor es un razonamiento sobre un mismo razonamiento, es decir, ésta es una reflexión de la naturaleza del derecho, la cual debe ser general y sistemática. Por ello una vez determinada la naturaleza del derecho, se puede reflexionar sobre la misma mediante la filosofía. Ésta puede abarcar muchas partes del derecho como por ejemplo, principios generales, conceptos, normas, reglas,  etc., sin llegar a una respuesta concreta ni certera, sino únicamente un pensamiento razonado sobre aquellos. 

Por otro lado nuestro autor considera que el concepto de justicia es diferente al que conocemos, toda vez que el derecho tiene dos propiedades que son verdaderamente esenciales: la coerción o fuerza y la corrección o rectitud.

En cuanto al primer concepto, nuestro autor lo considera muy necesario, ya que si bien el derecho regula conductas sociales, es menester que exista alguna forma mediante la cual estas acciones sean controladas. En otras palabras, cuando en alguna comunidad existen reglas, normas, mandatos, costumbres, debe existir algún sistema mediante el cual se pueda controlar las conductas de las personas que conviven en tal circunstancia, ya que de lo contrario se podría dar el caso que  algunos individuos de la misma no quieran respetar tales reglas.  Es verdad que ciertas personas cumplirán con las reglas por costumbre o miedo, pero también es probable que unas u otras no lo cumplan, por lo cual es de vital importancia que se pueda contar con la “fuerza” para que aquellos que no sigan las reglas, las lleven a cabo.

Ahora bien por lo que respecta al segundo concepto, se refiere a la pretensión de corrección que tiene el derecho, por ejemplo: puede existir una ley que en esencia es injusta, pero que al momento de aplicarse esta se haga de manera justa “supuestamente”. Por lo cual la ley puede corregirse, ya que, si bien aquella ley es justa intrínsecamente por estar positivizada, no menos es verdad que al momentos de aplicarse es totalmente injusta.

Por lo que respecta a el objeto del derecho para Alexy, consiste simplemente en establecer leyes o reglas, con el fin de ser guía para la conducta humana, en otras palabras podríamos decir que lo que le atañe al derecho es regular como convivimos. De ello se colige que el derecho es necesario para que una sociedad pueda convivir en plena armonía, en virtud que establece los lineamientos que  deben ser acatados por la misma. Alexy se hace la interrogante si la moral debe estar incluida en el derecho, es decir, estudia la posibilidad de incorporar a la norma un razonamiento moral, tomando en cuenta que esta acción solucionaría algunos problemas del derecho. Sin embargo esta inclusión podría no solo resolver problemas, sino que de igual forma causaría muy serios al derecho.

De lo planteado se puede desprender que si bien es cierto que el autor esta convencido de que la moral debería incorporada al derecho,  también es verdad que no puede ser un razonamiento moral cien por ciento, por lo cual así como se muestra en la imagen presentada, nuestro autor toma un término medio entre los árboles del bosque, no camina entre los de la izquierda ni entre los de la derecha, sino que toma su paso en la mitad. Esto quiere decir tanto acepta a la moral, como al derecho. 

EXPEDIENTE 008-2012-AI/TC. SENTENCIA QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ARTICULO 173 INCISO 3 DEL CODIGO PENAL SOBRE VULNERACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MAYORES DE CATORCE Y MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD.

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00008-2012-AI.pdf

Demanda de Reitegro del Subsidio de Luto y Gastos de Sepelio

Expediente : 
Secretario   :
Escrito Nº    : 01-11
Cuaderno    : Principal
Sumilla         : Demanda Contenciosa

                                                                                           Administrativa.

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE TURNO DE LA PROVINCIA DE PUNO – SEDE ANEXA.

Isaac VILCANQUI HUARAHUARA, identificado con DNI Nº 01780242, con domicilio real en el Centro Poblado de Sicuyani - Zepita; para efectos legales dejo señalado mi domicilio procesal en el Jr. Ayacucho Nº 514 Of. 201 de esta ciudad, a Ud., respetuosamente me presento y digo lo siguiente:

I.- RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL Y LOS DEMANDADOS

Ostentando la titularidad de mi derecho, con interés vigente, legítimo y actual para obrar y accionar; ocurro a su digno despacho a efectos de interponer Demanda Contenciosa Administrativa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 148 de la Constitución Política del Estado, Impugnando Los actos administrativos de la Administración Pública – Dirección Regional de Educación de Puno, conforme al Art. 4 Inciso 1 del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Art. 1 y 2 D.S.037-80-TR, Art. 42 Inc. c) del D. S. 017-93-JUS, por el cual recurro a efectos de solicitar tutela Jurisdiccional efectiva de mi derecho; la misma que conforme lo establece el Art. 15 Inc.1) del D. S. Nº 013-2008-JUS, concordante con el Art. 218.2 Lit. a) de la Ley Nº 27444, demanda que la dirijo en contra de la:

1.1.          Dirección Regional de Educación Puno, representado legalmente por su Director Lic. Edmundo CORDERO MALDONADO, con domicilio legal en la Urb. Chanu Chanu 2da. Etapa – Puno, con Representación Judicial del PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, Dr. Rogelio Pacompia Paucar, con domicilio legal en el Jr. Deustua Nº 356, quien asume la defensa judicial conforme lo establece el Art. 22 Inc.1 del Dec. Leg. Nº 1068 y el Art. 37 numerales 1 y ss. del D.S. Nº 017-2008-JUS, concordante con el Art.17 del D.S. Nº 013-2008-JUS.

II.-  PETITORIO.

A través del Proceso Contencioso Administrativo Especial y de conformidad con lo previsto en el artículo 4 inciso 1) de la Ley Nº 27584, impugno la Resolución Directoral Regional Nº 2045-2011-DREP de fecha 11 de Octubre del 2011, a efecto:

2.1.-     Como Pretensión Principal, QUE SE DECLARE LA NULIDAD TOTAL de: la Resolución Directoral Regional Nº 2045-2011-DREP de fecha 11 de Octubre del 2011, expedida por la Dirección Regional de Educación de Puno, pretensión prevista en el artículo 5 inciso 1) del TUO de la Ley Nº 27584.

2.2.-     Como Pretensión Accesoria, que el demandado expida NUEVA RESOLUCION QUE RESTABLEZCA Y REINTEGRE EL PAGO DE LA ASIGNACION POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO EN BASE A LA REMUNERACION TOTAL, con deducción de lo percibido por dicho concepto, conforme lo dispuesto en el Art. 51 de Ley Nº 24029, Arts. 219 y 222 del D.S. Nº 019-90-ED y el Art. 1 del Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, pretensión prevista en el articulo 5 inciso 2 de la Ley Nº 27584.

2.3.-     Como Pretensión Accesoria, al demandado el PAGO DE LOS INTERESES LEGALES derivado de la pretensión accesoria anterior.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO.

• ANTECEDENTES:

3.1.- Que, mediante Resolución Directoral Nº 0856-UGEL-CH-J, su fecha 30 de setiembre del 2004, se otorga a favor del recurrente el Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio por el fallecimiento de mi querido y llorado padre que en vida fue Feliciano VILCANQUI PAYE, subsidio que se me otorga por el monto que haciende a la suma de (216.80) DOCIENTOS DIECISEIS CON 80/100 Nuevos Soles equivalente a cuatro remuneraciones totales permanentes, vulnerando arbitrariamente e ilegalmente y expresamente lo dispuesto en Ley Nº 24029, Decreto Supremo Nº 019-90-ED y el Art. 1 del Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, cálculo que se efectuó en mérito del Art. 8 Lit. a) y Art. 9 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; y de acuerdo con lo establecido en el Art. 26 de la Constitución, y haciendo uso de mi derecho de petición, solicité el Reintegro del Pago del Subsidio señalado en el Art. 51 de la Ley Nº 24029, Art. 219 y 222 del Decreto Supremo Nº 019-90-ED y el Art. 1 del Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, que ordena que el pago de tales beneficios se realice sobre la base de la remuneración total e integra que percibe el recurrente en su condición de Profesor por Horas, Nivel Magisterial 3 - 24, de la Institución Educativa Secundaria “José Antonio Encinas – Sicuyani - Zepita”, petición que mediante Resolución Directoral Nº 0754-UGEL-CH-J-2011, de fecha 05 de mayo del 2011, fue declarado IMPROCEDENTE por la Unidad de Gestión Educativa Local de Chucuito – Juli, acto administrativo que fue impugnado en su oportunidad, y en el mismo sentido la Dirección Regional de Educación de Puno, mediante Resolución Directoral Regional Nº 2045-2011-DREP, de fecha 11 de octubre del presente, declaró INFUNDADO el recurso impugnatorio, confirmando la resolución de instancia inferior.  

• SOBRE LA PRETENSION DE NULIDAD DE  LA RESOLUCIÓN:

3.2.- Que, la Resolución Directoral Nº 0754-UGEL-CH-J-2011, de fecha 05 de mayo del 2011, declara improcedente mi pedido de Reintegro del Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, calculado en base a la remuneración total, en aplicación estricta de lo dispuesto en el Art. 51 de Ley Nº 24029, Arts. 219 y 222 del D.S. Nº 019-90-ED y el Art. 1 del Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, y la Resolución Directoral Regional Nº 2045-2011-DREP de fecha 11 de Octubre del 2011, que declara infundado mi recurso de apelación presentado contra la resolución anterior, y ESTA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE ES NULA de conformidad con el Art. 10 inciso 1) de la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444 por haber sido emitida en contravención de la Constitución Política del Estado, evidenciándose la afectación a mi derecho de petición de reintegro del pago del subsidio, la que se encuentra ampara constitucionalmente en el Art. 23 tercer párrafo reconoce: “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”, el Art. 24 “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para el y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador” y el Art. 26 inciso 2) “El carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”, el Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, que establece en su Art. 1 que precisa: “La presente norma, establece que las remuneraciones y remuneraciones íntegras a las que se refiere el Artículo 51 de la Ley N° 24029, deben ser entendidas como Remuneraciones Totales.” y Decreto Supremo Nº 019-90-ED en su articulo 43 dispone que: “Los derechos alcanzados y reconocidos al profesorado por la Constitución, la Ley y el presente reglamento son irrenunciables, toda aplicación en contrario es nula”.

3.3.- Que, la Ley Nº 24029, en su Art. Art. 51 y los Arts. 219 y 222 del D. S. Nº 019-90-ED, dispositivos que señalan y concluyen expresamente que en casos del subsidio por luto se otorga al profesorado activo o pensionista, por el fallecimiento de su cónyuge, hijos y padres. Dicho subsidio será de DOS REMUNERACIONES O PENSIONES TOTALES que le corresponda al mes del fallecimiento. y como también el subsidio por gastos de sepelio del profesor activo o pensionista será equivalente a DOS REMUNERACIONES TOTALES y se otorga a quien acredite haber sufragado los gastos pertinentes, lo que implica en consecuencia que este subsidio es por el monto de 04 remuneraciones totales, no mencionando en ningún extremo la normatividad legal antes señalada, que los pagos deberán realizarse en base a la remuneración total permanente, la que ilegalmente se ha aplicado al recurrente al momento del pago del Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, sin considerar que en fecha 19 de junio del 2001, se ha emitido el Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, que en su Art. 1 establece que: “La presente norma, establece que las remuneraciones y remuneraciones íntegras a las que se refiere el Artículo 51 de la Ley N° 24029, deben ser entendidas como Remuneraciones Totales.”.

3.4.- El derecho de petición de Reintegro del Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio a favor del recurrente, se efectúa al amparo de lo descrito en el punto 3.2. y 3.3., teniendo que aplicarse estos dispositivos al amparo del principio de jerarquía de normas, no como erróneamente se argumenta. Asimismo hacer mención que a la fecha el derecho pretendido por el recurrente se debe considerar como una agresión constitucional reclamada que tiene carácter de continuada, constituyendo un derecho alimentario, que no prescribe ni caduca de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional, por lo cual es factible constitucionalmente solicitarlo, dado que se reclama el reintegro sobre la base de remuneración íntegra o total, siendo de aplicación el Art. 44 Inc. 3), del Código Procesal Constitucional. 

• SOBRE LA PRETENSION ACCESORIA DE EXPEDICION DE NUEVA RESOLUCION, RESTABLECIENDO Y REINTEGRANDO EL PAGO DE LA ASIGNACION POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO EN BASE A LA REMUNERACION TOTAL:

3.5.- Esta pretensión es accesoria en tanto y en cuanto depende de la pretensión propuesto como principal sea declarada fundada, al operar como complemento necesario de la pretensión principal nulificante de la Resolución Directoral Regional, en la que el restablecimiento y reintegro del derecho a percibir la Asignación por Luto y Gastos de Sepelio es una pretensión tutelar declarativa y su pago es una pretensión de condena, ambas propuestas en una sola pretensión por que asi lo ha establecido el articulo 5 Inc. 2 del TUO de la Ley Nº 27584. Lo que guarda coherencia con el Art. 36.1 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, que establece: “El pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial y total, el monto de la obligación reconocida debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente”. Lo que guarda coincidencia con la doctrina, como es el caso del tratadista Ramón A. Huapaya Tapia en su libro “Tratado del Proceso Contencioso Administrativo”, del 2006, pág. 846, primer párrafo.

3.6.- Y es que tengo interés y legitimidad para obrar, por cuanto conforme lo acredito con la Resolución Directoral de Nombramiento y Boleta de Pago, las mismas se adjuntan en la presente demanda, de los cuales se desprende que el recurrente es Profesor nombrado en el Sector Educación, por lo tanto estoy dentro del Régimen Laboral de los Profesores es decir dentro de la Carrera Publica Magisterial previsto en la Ley del Profesorado Nº 24029, Decreto Supremo Nº 019-90-ED y Decreto Supremo Nº 041-2001-ED.

3.7.- Justamente por mi condición de personal nombrado en el Sector Educación, es que el demandado la Dirección Regional de Educación, debió reconocer el reintegro del subsidio por luto y gastos de sepelio en base a la remuneración total integra, sabiendo que la Unidad de Gestión Educativa Local de Chucuito – Juli, ha otorgado al recurrente el subsidio por el monto que haciende a la suma de (216.80) DOCIENTOS DIECISEIS CON 80/100 Nuevos Soles equivalente a cuatro remuneraciones totales permanentes, de esta manara evidenciándose claramente la vulneración y la decisión arbitraria contraria a la Ley del Profesorado Nº 24029, Decreto Supremo Nº 019-90-ED y expresamente a lo dispuesto en el Art 1 del Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, que expresamente describía “La presente norma, establece que las remuneraciones y remuneraciones íntegras a las que se refiere el Artículo 51 de la Ley N° 24029, deben ser entendidas como Remuneraciones Totales.”, es por lo cual que, para rectificar o subsanar la decisión arbitraria de la administración pública, es que se peticiona el reintegro del subsidio por luto y gasto de sepelio, todo esto en base a la remuneración total integra, petición efectuada al amparo de lo estipulado en parágrafos precedentes, y en el mismo sentido el Tribunal Constitucional ha amparado peticiones similares.   

3.8.- Este acto lesionador referido al pago del Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio en los términos del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, proviene de la voluntad unilateral y discrecional del empleador, vulnerándose los derechos constitucionales del demandante, por lo que tal situación debe analizarse a la luz del articulo 22 de la Constitución que establece que el trabajo es un deber y un derecho, tal como ha sido precisado  por el tribunal constitucional en la STC Nº 2906-2002-AA/TC.

3.9.- Bajo dicha premisa y teniendo presente claramente lo establecido por el Tribunal Constitucional, en forma acertada ha fijado criterios relevantes al mencionado tema de Reintegro del Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio y Asignación por Servicios prestados a favor del Estado, en donde la STC Nº 2257-2002-AA/TC ha concluido en el segundo Fundamento Jurídico cita: “2. Como ya lo ha establecido el Tribunal en reiterada jurisprudencia, en casos como el de autos no es necesario el agotamiento de la vía administrativa ni caduca la acción por ser el derecho invocado uno de carácter alimentario y de afectación continuada.”, petición de Reintegro del Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio fue declarado FUNDADA la acción de amparo; y  debiéndosele abonar los subsidios reclamados sobre la base de la remuneración total.

3.10.- En este mismo sentido el Tribunal Constitucional ha concluido en el Primer y Segundo Fundamento Jurídico de la Sentencia recaída en el Exp. Nº 0752-2004-AA/TC: “1. En el caso de autos, no era necesario que la demandante agotara la via administrativa, dado que su pretensión es de naturaleza alimentaria. Por otro lado, la demanda se ha interpuesto en el plazo señalado en el artículo 37 de la Ley Nº 23506. 2. Conforme al artículo 51 de la Ley Nº 24029 (Ley del Profesorado) y los artículos 219 y 222 del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de esta ley, los subsidios reclamados se otorgan sobre la base de las remuneraciones o pensiones totales que correspondan al mes de fallecimiento del docente, situación que ha sido precisada por el Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, al señalar que el concepto de remuneración integra a que se refiere los artículos antes mencionados deben ser entendidos como remuneración total, la cual se encuentra regulada por el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM ”, evidenciándose en este extremo el Decreto Supremo N° 041-2001-ED, que en su momento no ha sido aplicado al recurrente; y es por lo cual que, el Tribunal Constitucional, ha declarado FUNDADA la acción de amparo; y debiéndosele abonar el beneficio reclamado en base de la remuneración total.

3.11.- Así también el Tribunal Constitucional ha fijado criterios relevante, en el Segundo y Tercer Fundamento Jurídico de la Sentencia recaída en el Exp. Nº 1367-2004-AA/TC: “2. De acuerdo con los artículos 52 de la Ley Nº 24029 y 213 del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, reglamento de la ley del profesorado, el beneficio reclamado por el demandante se otorga sobre la base de remuneraciones integras, situación que ha sido precisada por el Decreto Supremo Nº 041-2001-ED, al señalar que los conceptos de remuneraciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley Nº 24029 debe ser entendido como remuneración total, la cual está regulada por el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 3. En tal sentido la bonificación por tiempo de servicios que reclama la demandante debe otorgarse sobre la base de la remuneración total, y no  sobre la base de la remuneración total permanente”, de la misma manera evidenciándose en este extremo el Decreto Supremo N° 041-2001-ED, que en su momento no ha sido aplicado al recurrente; y es por lo cual que, el Tribunal Constitucional, ha declarado FUNDADA la acción de amparo, debiéndosele abonar el beneficio reclamado en base de la remuneración total, y ORDENA HACER EFECTIVO EL PAGO DE LOS REINTEGROS CONFORME A LEY.

3.12.- Que, de la misma manera el Tribunal Constitucional ha establecido en el Segundo y Tercer Fundamento Jurídico de la Sentencia recaída en el Exp. Nº 1847-2005-AA/TC: “2. La excepción de prescripción, antes denominada de caducidad, debe desestimarse, dado que en el presente caso la parte emplazada ha reconocido el derecho de los recurrentes al goce de las gratificaciones por haber cumplido 20 y 25 años de servicios al Estado, (…) además es considerar por este Colegiado que la agresión constitucional reclamada tiene carácter de continuada, dado que se reclama el reintegro de la gratificación por 20 y 25 años de servicios sobre la base de remuneración íntegra o total, siendo de aplicación el artículo 44, inciso 3), del Código Procesal Constitucional. 3. Tal como lo ha establecido este Tribunal en la Sentencia N° 1367-2004-AA/TC, de acuerdo con los artículos 52 de la Ley Nº 24029 y 213 del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, el beneficio reclamado por los demandantes se otorga sobre la base de las remuneraciones íntegras, situación que ha sido precisada por el Decreto Supremo N.° 041-2001-ED, al establecer que el concepto de remuneración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley Nº 24029 debe ser entendido como remuneración total, la cual está regulada por el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.”, resaltando en este extremo el Decreto Supremo N° 041-2001-ED, que en su momento no ha sido aplicado también al recurrente; y es por lo cual que el Tribunal Constitucional, ha declarado FUNDADA la acción de amparo; y debiéndosele abonar la gratificación por 20 y 25 años reclamados sobre la base de la remuneración total.

3.13.- Que, para más abundamiento en este extremo, el Tribunal Constitucional en sus sentencias recaídas en los Exp. Nº 3534-2004-AA/TC y Exp. Nº 4048-2004-AA/TC, amparados en sus respectivos considerandos, han dispuesto que, se haga efectivo el pago de los Reintegros de los beneficios conforme a Ley, los mismos que al momento de emitir sentencia sean considerados por su despacho, cada uno de los criterios fijados y establecidos por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución.     

3.14.- En este sentido haciendo efectivo mi petición de Reintegro del Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, los mismos que deben ser pasibles de ser recurridas vía judicial y amparados para su reconocimiento, en la forma y plazos establecidos por Ley, para lo cual deben ser consideradas las decisiones del Tribunal Constitucional, que en diferentes fallos ha declarado fundada los derechos de Reintegro del Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio y Asignación por Años de Servicios. Asimismo en el ámbito administrativo dichos pedidos de Reintegros de Beneficios han sido debidamente reconocidos, como es la Resolución Directoral Nº 0110-2009-GRA/ORADM-ORH, de fecha 30 de noviembre del 2009, emitido por el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, mediante la cual, se dispone OTORGAR POR UNICA VEZ, EL REINTEGRO del Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio, decisión efectuado conforme se desprende de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.      

3.15.- Como se observa, el criterio del Tribunal está orientado hacia la protección del trabajador incluida sus beneficios, en tanto estos se sustenta en la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que constituyen los pilares básicos sobre los cuales se estructura la Sociedad y el Estado. En tal perspectiva, en la STC Nº 2906-2002-AA/TC se ha concluido que “la Constitución protege pues, al trabajador, a un respecto de sus actos propios, cuando pretenda renunciar a los derechos y beneficios que por mandado constitucional y legal le corresponde, evitando que, por desconocimiento o ignorancia y sobre todo, en los casos de amenaza, coacción o violencia se perjudique.” En este extremo, resulta evidente que si la protección constitucional a los derechos del trabajador inclusive a los actos propios originados de una declaración de voluntad viciada, con mayor razón dicho amparo alcanza a los supuestos en los que el acto lesionador provenga de la voluntad unilateral y discrecional del empleador”.

3.16.- Asimismo, el Estado como empleador, no puede amparar su incumplimiento de pago bajo diferentes justificaciones, como el condicionamiento a disponibilidad presupuestaria y financiera, argumento que es inconstitucional al vulnerarse el articulo 24 de la Constitución Política del Perú que declara que “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para el y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier otro obligación del empleador”. Es por ello que el Tribunal Constitucional en las sentencias emitidas en los expedientes: Nº STC 01203-2005-PC/TC, 03855-2006-PC/TC, 06091-2006-PC/TC, 04348-2007-PC/TC y 00763-2007-PC/TC, ha concluido que es irrazonable el condicionamiento a  disponibilidad presupuestaria y financiera.

3.17.- Hecho que recientemente es zanjado con la RESOLUCION DE LA SALA PLENA Nº 001-2011-SERVIR/TSC, PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBSERVACIA OBLIGATORIA RELATIVOS A LA APLICACION DE LA REMUNERACION TOTAL PARA EL CALCULO DE SUBSIDIOS, BONIFICACIONES ESPECIALES Y ASIGNACIONES  POR SERVICIOS  AL ESTADO, emitido por el Tribunal de Servicio Civil.

3.18.- Asimismo, toca resaltar que en el AMBITO ADMINISTRATIVO a nivel Regional de Puno, en fecha 29 de octubre del 2009, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 276-2009-GR-PUNO-GGR, ha dispuesto que las Unidades Ejecutoras del Pliego 458 Gobierno Regional de Departamento de Puno, al momento de resolver peticiones administrativas sobre pago de bonificaciones por cumplir 20, 25 o 30 años de servicios deberán observar el criterio INTERPRETATIVO establecido por el  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA en el sentido que el cálculo se deberá realizar con la REMUNERACION TOTAL Y NO CON LA REMUNERACIÓN TOTAL PERMANEMENTE, con lo cual se demuestra clara e indubitablemente que en el caso sub litis, la petición del recurrente se encuentran debidamente amparado.

• SOBRE LA PRETENSION ACCESORIA DE PERCIBIR LOS INTERESES DE LOS DEVENGADOS Y SU RESPECTIVO PAGO.

3.19.- Se me debe de pagar el derecho adquirido, desde la fecha en el que se me afecto mi derecho laboral del recurrente, por ser la fecha en que se inicio el adeudo laboral, por cuanto el interés legal de acuerdo con el articulo 1245 del Código Civil determina que cuando deba de pagarse interés, sin haber fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal; asimismo el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 665-2007-AA/TC, establece el derecho de los trabajadores a que se nos pague los intereses laborales sobre los montos adeudados por el empleador, se devengan a partir desde que se produjo el incumplimiento hasta el dia de su pago efectivo en aplicación del articulo 3 de la Ley 25920, y en caso de mora, tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origine el cese en el trabajo, siendo intangible e inembargable.  

IV. DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

            Amparo la presente acción en:

4.1.- Fundamentos de Orden Sustantivo:

-        Constitución Política del Estado Art. 139 Inc.3, concordante con el Art., 2 Inc., 20 de la Constitución del Estado se establece que “Son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, así como el derecho que tiene toda persona de ocurrir por ante la autoridad competente a efectos de formular sus peticiones y recibir respuesta satisfactoria de la misma”.

-        Art. 6 y 7 del Dec. Sup., 017-93-JUS, por el que “Los Procesos sea cual fuere su denominación, Especialidad o Naturaleza deben ser substanciados dentro de la normatividad que les sea aplicable bajo los principios de legalidad, Igualdad, Economía y Celeridad Procesal; con sujeción a un debido proceso no omitiéndose pronunciamientos sobre los puntos puestos a decisión Judicial u objeto de controversia y/o cuestión debatida”

-        Art. 148 de la Constitución Política del Estado referido a la ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA que es procedente para exigir a que un funcionario o servidor cumpla con lo dispuesto en una norma legal, tal como ocurre en el caso concreto en el que exijo el cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 48 de la Ley Nº 24029 y su reglamento.

-        Art. 4 Numeral 1 del TUO Decreto Supremo Nº 013-08-JUS ACTUACIONES IMPUGNABLES. Dentro de las que considera Los actos administrativos de la Administración Pública; tal como ha ocurrido en el presente caso, donde el demandado rehúsa el reintegro diferencial de lo dispuesto por el Art. 48 de la Ley Nº 24029 y su reglamento.

-        Art. 5 numeral 2 del Decreto Supremo Nº 013-08-JUS PRETENSIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- toda ves que mi pretensión es que se RESTABLESCA Y REINTEGRE EL DERECHO A PERCIBIR EL PAGO DEL SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO por lo dispuesto por el Art. 51 de Ley Nº 24029, Arts. 219 y 222 del D.S. Nº 019-90-ED y el Art. 1 del Decreto Supremo Nº 041-2001-ED.

-        En materia Laboral se debe tener presente el principio de la presunción a favor del trabajador en caso de duda, es decir el in dubio pro trabajador contenido en el Art. 26 Inc. 3 de la Constitución, que dispone la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma; en ese orden de ideas es importantísimo tener presente la obligación del estado del pago oportuno de las remuneraciones incluidas las bonificaciones y pensiones pues debe valorarse que estas tienen un carácter prioritario sobre cualquier otra obligación tal como también lo dispone el Art. 24 y segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución del Estado y que el beneficio del Art. 48 de la Ley Nº 24029 y su reglamento, me es plenamente aplicable de conformidad a la pirámide normativa según la Constitución de 1993.

4.2.- Fundamentos de Orden Procesal

La pretensión se viabiliza en lo previsto por:

-        Artículo 1, 3 y 4 y s.s. del TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo (27584) Decreto Supremo Nº 013-08-JUS.

V.- DE LA VIA PROCEDIMENTAL Y COMPETENCIA

5.1.- Conforme a su naturaleza como Acción Contenciosa Administrativa, debe substanciarse incluso con primacía del principio de concentración, celeridad y economía procesal de conformidad al Art. 28, 28.1 y 28.2 del TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, Decreto Supremo Nº 013-08-JUS como PROCESO ESPECIAL.

5.2.- Su Despacho es competente en razón del Art. 10 y 11 del TUO de la Ley Nº 27584, Decreto Supremo Nº 013-08-JUS.

VI.- MEDIOS PROBATORIOS:

En lo que a nuestra parte respecta ofrezco los siguientes Medios Probatorios:

6.1.- Boleta de Pago del Recurrente.

6.2.- Resolución de Nombramiento.

6.3.- Resolución Directoral Nº 0856-UGEL-CH-J, su fecha 30 de setiembre del 2004.

6.4.- Resolución Directoral Regional Nº 2045-2011-DREP de fecha 11 de Octubre del 2011.

6.5.- Resolución Directoral Nº 0754-UGEL-CH-J-2011, de fecha 05 de mayo del 2011.

6.6.- Sentencias del Tribunal Constitucional.

6.7.- Resolución Directoral Nº 0110-2009-GRA/ORADM-ORH, de fecha 30 noviembre del 2009.

VII.- DE LOS ANEXOS.

7.1.- Copia simple de mi DNI. del recurrente. Anexo 1.a.

7.2.- Copia Fe datada de la Resolución de Nombramiento. Anexo 1.b.

7.3.- Copia Fe datada de la boleta de Pago del Recurrente. Anexo 1.c.

7.4.- Copia Simple de la Resolución Directoral Nº 0856-UGEL-CH-J. Anexo 1.d.

7.5.- Copia Legalizada de la Resolución Directoral Regional Nº 2045-2011-DREP. Anexo 1.e.

7.6.- Copia Legalizada de la Resolución Directoral Nº 0754-UGEL-CH-J-2011. Anexo 1.f.

7.7.- Copia Simples de las Sentencias del Tribunal Constitucional. Anexo 1.g.

7.8.- Copia Simple de la Resolución Directoral Nº 0110-2009-GRA/ORADM-ORH. Anexo 1.h.

                                               POR LO EXPUESTO:

                                                           A Ud., pido señor Ad´quo admitir a trámite la presente conforme a su naturaleza y declararla fundada en su oportunidad.

OTROSÍ DIGO:  Que, en aplicación taxativa de lo dispuesto por el artículo 80º del CPC; delego a mi Abogado que autoriza el presente escrito, las facultades generales de representación judicial a que se refiere el artículo 74º del Código Procesal Civil. Para tal efecto ratifico mi dirección domiciliaria indicada en la parte introductoria del presente escrito; asimismo declaro estar perfectamente instruido de la representación que otorgo y de sus alcances. Se Tenga Presente.

                                                           Puno, Noviembre del 2011.